El coste para los valencianos de estar en España y dirigidos por políticos adscritos a España

Susto o muerte: nueva financiación o muerte de nuestro autogobierno

Manuel Miñés Publicado en VALENCIA PLAZA: 27/06/2025 ·06:00

La gravísima situación financiera que atravesamos en la Generalitat Valenciana, que me permito denunciar como “endémica”, es tan preocupante que este pasado viernes 20 de junio, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, tuvo que comunicar a los tres Colegios de Farmacéuticos de la Comunitat que la no aprobación del FLA extraordinario por parte del Gobierno de España (Sanchez & Montero), obligará a regresar un mes (¿?) los pagos a las oficinas de Farmacia. Este gesto y preocupante situación de impago a unos de los pilares estratégicos de nuestro sistema sanitario no es sino la punta de iceberg que puede hacer inviable nuestro autogobierno.

Me consta que estos impagos ya los están sufriendo las empresas concesionarias del transporte sanitario (ambulancias) o transporte escolar, las concesionarias de residencias concertadas que atienden a personas mayores y dependientes cogestionadas por la Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y, como no, también están sufriendo impagos las empresas contratistas de obras, de la Generalitat, tanto referidas a obras ordinarias promovidas por la administración autonómica como en obras de emergencia y/o reconstrucción encargadas/asumidas por la autonomía. Solamente y a modo de ejemplo del ingente esfuerzo asumido por la Generalitat para la reconstrucción de la movilidad metropolitana, citar los ocho meses de intenso trabajo, en las líneas 1,2 y 7 de Metrovalencia que discurren por l’Horta Sud y la Ribera, reconstrucción que ha supuesto una inversión autonómica de 140 millones de euros (instalaciones, catenarias y tendido ferroviario, puentes y drenajes, reconstrucción de 20 estaciones y apeaderos etc. etc.), así como el esfuerzo de planificación, estrategia y coste económico que ha supuesto la puesta en marcha a disposición de los usuarios de hasta 25 líneas de autobuses lanzaderas permanentes para garantizar el transporte alternativo de los ciudadanos, de las zonas afectadas por la Dana; reconstruir igualmente oficinas, talleres y Puesto de Mando de FGV-Metrovalencia, en la partida de Xirivella (entre Sociópolis y la CV-407 a Paiporta/Picanya) que superará los 34 millones de euros de coste; actuaciones todas ellas, entre otras muchas más, asumidas íntegramente por la Generalitat “con cargo a incremento de Deuda y sin ninguna contribución económica por parte del Gobierno Central”.

Si a todo ello añadimos el esfuerzo que supone reparar instalaciones sanitarias (ambulatorios y centros de salud), educativas, culturales y sociales afectadas por la Dana, de titularidad autonómica, hemos de calificar como inaudito que del Gobierno de España sigamos sin recibir ni un solo euro a fondo perdido, y ello ante la peor situación de infrafinanciación, liquidez y asfixia de tesorería de nuestra historia autonómica. Según manifestaciones de la consellera de Hacienda, Ruth Merino, a 30 de abril nuestros impagos alcanzaban 2.045 millones de euros, de los cuales 1.765 millones se referían a facturas ya contabilizadas pero impagadas por falta de liquidez.

Ante esta situación, que sean los propios valencianos, de cualquier asignación política, los que juzguen/juzguemos, aquella frase de Pedro Sánchez, en su comparecencia el 2 de noviembre en La Moncloa: “El Gobierno Central está listo para ayudar (…) Si la Comunitat Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico, lo que tiene que hacer es pedirlo, y se lo suministraremos inmediatamente”.

Hoy nos causa indignación no solo la actitud que encierra esta frase del presidente del Gobierno Central ante la situación de devastación, catástrofe y caos de una autonomía, la valenciana, sino el abandono económico y la orfandad institucional que sentimos por parte del Gobierno de España, que nos es vital para recuperar la zona arrasada por la Dana y mitigar en la medida de lo posible el enorme impacto económico, social y emocional ocasionado por la tragedia.

En este artículo de opinión, además de plasmar el presente, es bueno y saludable el trasladar a los valencianos el cuándo, el cómo y por qué a lo largo de los últimos 30 años se ha venido fraguando paso a paso y sin espíritu de enmienda, nuestra infrafinanciación hasta llegar a esta última etapa de Sánchez en donde ya peligra nuestro autogobierno.

Aunque desmontemos el mito que para muchos valencianos supuso la presidencia de Eduardo Zaplana (1995-2002) he aquí los hechos:

-Tomó RTVV con 654 trabajadores y 32 millones de euros de déficit anual, que la Generalitat cubría anualmente con sus presupuestos, y en tan sólo siete años la llevó a 1.496 trabajadores y un pasivo de 725 millones, usándola sin recato como prolongación de su gabinete de prensa.

-Eludiendo las reiteradas advertencias del Ministerio de Economía sobre tal deuda, con toda impunidad modificó la Ley de creación de la RTVV para que este Público pudiera recurrir directamente al endeudamiento, usando sin decoro a nuestras cajas de ahorros. En 1997 modificó sus estatutos para así poder tomar el control político de sus órganos de gobierno obligando a Bancaja y a la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo)   asumir la deuda generada sin mesura por RTVV, y a financiarla con créditos cuantiosos y tomando a nuestras entidades financieras como socios de referencia de innumerables proyectos lúdicos, como Terra Mítica, Ciudad de la Luz, Ciudad de las Artes y las Ciencias… Proyectos que con el tiempo fueron inflándose más y más, acabaron arruinando a las arcas públicas de los valencianos, máxime Terra Mítica (Benidorm) y la Ciudad de la Luz (Alicante), que tras quebrar, fueron ambas liquidadas y malvendidas con pérdidas centenarias.

-La tercera perla de aquella época de destarifos y despropósitos que minó nuestra financiación, se forjó con las transferencias. Finalizadas en el 2001 las transferencias de Educación y Sanidad a todas las autonomías, se constituyó la comisión mixta de transferencias, presidida por el ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato. Todas las autonomías pelearon a cara de perro su cuota alícuota de financiación para hacer frente y atender ambas transferencias, pero Zaplana, con irresponsable displicencia, gran vanidad y primando su objetivo en alcanzar un puesto en el Gobierno Central, negoció con Aznar y Rato una insuficiente financiación para la Comunidad Valenciana. Allí se fraguó la endeble cimentación e insuficiente financiación de nuestro edificio autonómico por asumir las dos transferencias de mayor gasto/cápita: Sanidad y Educación, aceptando sumiso una población ajustada a la baja y no valorando en su justa medida, el crecimiento poblacional vegetativo (interno y emigratorio).

Zaplana, tras asumir complaciente aquel modelo de financiación que de inmediato se mostró insuficiente y generador de déficit y deuda, dio el salto a Madrid como ministro de Trabajo y de Asuntos Sociales y portavoz del Gobierno de Aznar cual era su deseo y máxima aspiración.

Tras este president de la Generalitat Valenciana, cartagenero de nacimiento y benidormí de adopción, y una breve interinidad pactada de apenas un año, ocupó la Presidencia de la Generalitat el conquense de nacimiento José Luis Olivas Martínez (27-07-2002 al 20-06-2003) que anteriormente como conseller de Economía y Hacienda y posteriormente como Vicepresidente de la Generalitat (1995-2002) fue el brazo ejecutor complaciente y colaborador necesario, del despilfarro financiero de Zaplana. Tras su interinidad y cesión de la Presidencia a Camps, recibió como premio la Presidencia de Bancaja.

Alcanzada la Generalitat por Francisco Camps Ortiz (2003-2011) este siguió desatendiendo a las continuas denuncias de la Sindicatura de Cuentas que le advertía años tras año sobre la nefasta deriva de las cuentas públicas de la Generalitat. Pusimos al pastor lobo al frente de los corderos.

Bajo su presidencia, lejos de poner orden en la financiación exigiendo al Gobierno Central una modificación de la fórmula y ordenando la economía de la Generalitat, las empeoró. RTVV pasó de los 1.496 trabajadores heredados de la época de Zaplana a 1.700 y finalizó su singladura con una deuda de 1.300 millones de euros de la Televisión Valenciana, créditos a devolver antes del 2016. Ello obligó a sumar al cierre traumático y caótico de nuestra televisión, asumido por Fabra.

Vendiendo a toda España un Levante feliz, siguió Paco Camps con proyectos faraónicos inasumibles, por ejemplo el Circuito de Fórmula 1, desastroso económicamente para nuestras arcas públicas. Acometimos infraestructuras financiadas por la Generalitat con cargos a la deuda en lugar de pelearlas y exigirlas al Gobierno Central. Me refiero –por ejemplo– al Complejo Sanitario de Nuevo Hospital La Fe, que el Gobierno Central nos prometió sufragar al 50 %. De hecho, Ana Pastor Julián, en su etapa como Ministra de Sanidad (2002-2004) asistió al acto de colocación de la primera piedra e inicio del complejo sanitario. Finalizó la obra y nunca consiguió Camps la firma del convenio prometido que intentaba “recomponer las infrafinanciadas transferencias Sanitarias”. Todo era espejismo y endeudamiento.

Entre este caos financiero es especialmente destacable el caso del vicepresidente económico durante ocho años, Gerardo Camps, mantenido en su cargo por Francisco Camps a pesar de ser pedida su sustitución reiteradamente por algos cargos del partido en Madrid ¡Sostenella y no enmendalla!, muy típico de la altivez del president. Bajo su última etapa se produjo la paralización de la Administración Autonómica, el elevadísimo endeudamiento, la ocultación de facturas de proveedores y la pérdida de nuestro sistema financiero (Bancaja, CAM y Banco de Valencia, ¡mérito del Presidente Francisco Camps!

¿Y mientras tanto, qué decir de nuestra financiación? Ante tal caos financiero, ¿qué decían la sociedad civil y las organizaciones empresariales valencianas? Nunca entendí su mudez.

En aquella época los proveedores y en concreto las empresas constructoras-contratistas de la administración autonómica, tras meses y meses de demora en el cobro de nuestras certificaciones de obra, tuvimos que optar por, voluntariamente, renunciar a los legales intereses de demora (Ley 3/2004 de 29/12/04) para poder cobrar importantísimas sumas. Cesión que Francisco Camps jamás nos agradeció.

Durante la Presidencia del Gobierno Central de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), en el año 2009, ante las reiteradas quejas de todas las autonomías, se pone en marcha un nuevo sistema de financiación autonómica que tomando criterios demográficos erróneos y una “población ajustada” irreal (dispersión geográfica, peso de población > 65 años; población < 10años; superficie territorial población de hecho, etc.) sigue discriminando a la Comunitat Valenciana. Francisco Camps se queja junto a otras muchas comunidades del PP de esta financiación y Zapatero acepta una enmienda del PP en el Senado por la cual se daba más dinero a ocho comunidades (con menor densidad poblacional), pero Rajoy, líder de la oposición, no consigue incrementar un solo euro la financiación para la Comunidad Valenciana.

Una vez más se puso de manifiesto no sólo la falta de liderazgo en la cúpula del Gobierno valenciano. No se nos escuchó ni por el Gobierno (PSOE) ni por la oposición (PP), sino también se manifestó el menifotisme de la sociedad civil y el empresariado valenciano.

¿Hasta cuándo aguantará la Generalitat con una financiación que tan sólo cubre el 80% del gasto social, educación y sanidad de los valencianos? ¡Ojo, que estamos hablando todavía del lejano año 2010!

Así las cosas y con un Estado Central también en bancarrota merced a la nefasta política de José Luis Rodríguez Zapatero, llega a la Presidencia de España el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) y, ¡oh, casualidad!, con la primera sorpresa que se encuentra su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro –en vías de ser rescatada España por la UE, gracias a la herencia dejada por el inepto Zapatero–, es que ante la incapacidad del Consell de la Generalitat Valenciana para atender a un vencimiento que teníamos de un préstamo del Deustche Bank, Montoro, apenas a los 15 días de asumir la maltrecha cartera de Hacienda, tuvo que salir a nuestro rescate. ¡Eso no se olvida y evidentemente nos pasó factura.

Ni siquiera el nunca bien ponderado president Alberto Fabra, que como arquitecto técnico de formación intentó demoler los añadidos costosísimos (RTVV) y reconstruir el precario edifico autonómico que asumió la Presidencia de la Generalitat tras la dimisión de Francisco Camps (20/04/2011 hasta 25/06/2015) arropado por un competente equipo económico, encabezado por los consellers Juan Carlos Moragues Ferrer en Hacienda (2012/2015) y Máximo Buch en Economía, Industria y Comercio, pudo reconstruir –aun poniendo orden, mesura y eficiencia, a los gastos e inversiones– los estragos de más de 15 años de infrafinanciación.

Aún así, lo más grave era que los Presupuestos GV 2014 –¡de esto hace ya 11 años!– contemplaban una deuda viva de 30.000 M€, cuya renovación parcial anual, de parte de ella, más el pago de intereses, nos suponían unos 4.500 M€, importe que ya entonces superaba el presupuesto destinado a Educación. ¡Estamos en 2014!.

Seguidamente retomó el Gobierno de la Generalitat la coalición Botánic I y II (28/06/2015 → 17/07/2023) con Ximo Puig Ferrer como president (PSOE/PSPV) y coligados con Compromís y Podemos, poniendo fin a dos décadas de Gobiernos del PP. La deuda que Alberto Fabra dejó a Ximo Puig ascendía a 40.063 M€ (datos del Banco de España). Tampoco el Gobierno de Ximo Puig fue capaz de que el Gobierno Central nos mejorara la financiación a pesar de haber vencido en diciembre de 2014 el periodo de vigencia. Es más, de los PGV 2018, de 19.956 millones de euros, ya destinábamos 5.156 M€, que suponía el 25,84% de los presupuestos, al Servicio de la Deuda. Sólo recordar que así como Ximo Puig el 11 de junio de 2015, a pocos días de las elecciones autonómicas que ganó, y con el PP de Mariano Rajoy en la Moncloa y él en plena campaña electoral, encabezó una manifestación multitudinaria en Valencia –que la mayoría de los valencianos apoyamos entre cuya cartelería y consignas prevalecía: “Queremos un Gobierno que defienda los intereses de los valencianos, dentro y fuera de nuestro territorio. Nunca más queremos que se nos trate como ciudadanos de segunda, ni desde Madrid, ni desde Bruselas. Exigiremos al Estado, financiación e infraestructuras para garantizar nuestro autogobierno”… 

El problema nuevamente llegó cuando, tras la moción de censura, Rajoy abandonó la Moncloa. Tomó el Gobierno de la nación Pedro Sánchez formando gobierno el PSOE y Podemos, y tanto el Gobierno Central como el Palau de la Generalitat están gobernados por el mismo partido y en consecuencia, las quejas ante Sánchez, ahora llevaban sordina. ¡Contra Rajoy vivíamos mejor, llegó a decir Puig sobre la Infrafinanciación! En los ocho años del PSOE/PSPV en la Generalitat, ni una sola manifestación contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La sumisión bien es verdad que le ha valido una canonjía en Paris. En cuanto a la deuda, cogió la Generalitat Valenciana con 40.063 M€ y tras ocho años la dejó en 57.246 M€. Un incremento de 17.182 M€ que supone un 42,90% sobre la herencia recibida. Este incremento de deuda del Botánic, ha supuesto que con Ximo Puig, cada día los valencianos nos hemos sobreendeudado a razón de 5,88 M€/día.

Cabe no obstante la siguiente pregunta: ¿nos hemos endeudado para incrementar nuestro PIB autonómico o nuestra riqueza individual? ¡Desgraciadamente, no!

Mientras en 2015 nuestro PIB, CV era de 100.245 M€, equivalente sobre población CV a 20.324 € /valenciano, y ello suponía tan solo el 9,32% del PIB nacional frente a una ratio poblacional del 10,62% CV/nación, al abandonar el PSOE/PSPV la Generalitat en julio 2023 nuestro PIB.cv alcanza los 161.600 M€, que supone tan sólo el 9,10 % del PIB nacional, y la riqueza per/cápita es de 24.967 €/valenciano que supone el 0,839 de la riqueza media española, 29.720 €/hab/nacional.

En consecuencia, en julio 2023, los valencianos, alicantinos y castellonenses, tras 8 años de socialismo en la Generalitat, fuimos un 16% más pobres (menos ricos) que el resto de los españoles.

Ante todo lo expuesto pormenorizadamente a lo largo de este artículo de opinión no cabe, sino insistir tanto desde el Gobierno de la Generalitat (Ejecutivo liderado por Carlos Mazón – PP) como desde el Poder Legislativo  (presidido por María de los Llanos Massó Linares – Vox)  y todo su arco parlamentario de Les Corts, y toda la sociedad civil,  (empresariado, organizaciones sindicales, colegios profesionales, todo tipo de agrupaciones  y colectivos culturales, musicales, festivos, federación de municipios y provincias de la C. Valenciana), todo el que de verdad se sienta valenciano y sienta y desee mantener su Autonomía y Estatuto debe/debemos manifestarnos exigiendo:

-Una financiación definitiva que a competencias homogéneas que tenemos asumidas, como Comunidad Autónoma del régimen común, tengamos una financiación/habitante igual a la media española (100%). No podemos mantener una financiación del 92,11% (datos medios 2012 → 2021 según el Banco de España) cuando en 2002 con el SFA del Gobierno Aznar, estábamos en el 93,9 % frente a Madrid que tiene el 102,1%, Cataluña 101,7%, Galicia 101,3%, Castilla-León un 106,6% o Cantabria un 115,3%.

-En base a ello debemos exigir una quita generada por esta endémica infrafinanciación. Nuestra actual carga financiera que alcanza hasta un 49,3 % sobre ingresos, está en contra del artículo 14 de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las CCAA), que establece que la carga financiera (pago de interés más amortizaciones) no puede superar el 25% de los ingresos corrients. ¡Somos el furgón de cola de España! Según Fedea y AIReF, la deuda indebida a causa de la infrafinanciación se cifra en unos 44.000 M€, que representa el 73% de nuestra actual deuda (cierre dic-2024) de 60.332 M€.

La Comunidad Valenciana necesitamos sí o sí un nuevo modelo de financiación que haga justicia con la peor tierra financiada de España; porque sin autonomía financiera y económica no hay autonomía política, no hay autonomía estratégica y no hay futuro más allá de la mera subsistencia. No necesitamos más FLA ni mecanismos extraordinarios de financiación; necesitamos ya un nuevo modelo de financiación prometido por todos e incumplido por todos los partidos políticos.

Necesitamos un Plan de Inversión Pública del Gobierno de España para recuperar la zona arrasada por la Dana y mitigar en la medida de lo posible en enorme impacto económico, social y emocional causado por la tragedia.

No queremos quedar como unos mantenidos y despilfarradores ante el resto de los españoles, cuando lo que pedimos al Gobierno de España (Sánchez & Montero & Aagesen & Puente) es lo que se nos debe: “queremos cañas y aparejos para pescar, no que se nos regale un poco de pescado”.

Manuel Miñés es director-gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana