Dana: deuda o pacto de Estado
Gregorio Martín Quetglás VALENCIA PLAZA 07/02/2025
Los valencianos hemos vivido durante demasiado tiempo con un elefante en la habitación, en forma de una Generalitat que, durante años, se ha endeudado mucho más de lo razonable. Este es un aspecto a añadir para explicar la descoordinación entre administraciones que estamos sufriendo. Por fin alguien, con conocimiento de causa, el vicepresidente Gan Pampols, criticado tanto por Vox como por el wokismo progre local que no le perdona su condición de militar, se ha decidido a hablar de Estado (Gobierno y Consell): “Hace falta un pacto de Estado para la reconstrucción de la Dana”. Desgraciadamente hay pocas posibilidades que se consiga, pero ello no impide intentarlo.
Sigamos el rastro del dinero, en este caso su carencia en forma de deuda de la Generalitat. Aunque uno se mueva en terrenos que no domina, parece que en la legislación española es muy difícil encontrar algún mecanismo que habilite, en situaciones de catástrofe natural, la posibilidad que el Gobierno pueda transferir ayudas directas (aunque sí prestamos, con mas o menos intereses o plazos de devolución) a las Comunidades Autónomas (CCAA). Algo se consiguió durante el episodio del covid, pero aquella desgracia y sus remedios tuvieron un ámbito europeo y no distinguió entre CCAA. En cambio, sí está prevista la posibilidad que el Gobierno de España pueda ayudar al resto de personas e instituciones afectadas por un desastre natural (particulares, autónomos, empresas, Ayuntamientos y determinados entes de servicio público), como efectivamente ha hecho el Gobierno, con más o menos fortuna y urgencia. Por mucho que se empeñe el Consell, la Generalitat no esta en la lista de posibles damnificados. La explicación tiene que ver precisamente con la autonomía que en España disfrutan las CCAA, incluida la posibilidad de endeudarse. A la hora de enfrentar situaciones catastróficas la Generalitat, como parte del Estado que es, está diseñada para ayudar, no para ser ayudada, y aquí empiezan todas las descoordinaciones vividas y todo los cruces de acusaciones. Quizas no fueron muy previsores los padres de la LOFCA a la hora de enfrentar episodios críticos, pero el dilema del Consell es nítido o se endeuda mas para afrontar su papel como parte de un Estado que ayuda a las victimas o insta la puesta en marcha del Articulo 155 de la Constitución. La única situación intermedia qu se vislumbra es la firma del Pacto de Estado que propone el general Gan.
Transcurrida la mayor parte de la dramática fase de emergencia, ha llegado el momento de planificar la reconstrucción de las infraestructuras públicas, cuyos titulares son las tres administraciones (local, autonómica y estatal). A día de hoy, con todas sus limitaciones, tenemos una cierta idea de los recursos con los que cuenta los ayuntamiento y el propio Gobierno, pero nada sabemos sobre las posibilidades financieras con las que cuenta la Generalitat a la hora de reconstruir las múltiples instalaciones de las que es titular (colegios, ambulatorios, carreteras, etc.) Quizás algo sepamos cuando el Consell presente sus Presupuestos 2025, pero no hay que albergar muchas esperanzas. Hablamos de una Generalitat endeudada, obligada a recurrir al Gobierno para responder a la catástrofe y bajo esta desagradable realidad, el Pacto de Estado sobre la Dana supondría una práctica política para la consecución de recursos para una reconstrucción rigurosa, mas alla de la consideración de quien gobierne en cada momento en Madrid y/o Valencia.
Desgraciadamente, por el momento este Pacto no es posible, ya que para llegar a cualquier tipo de acuerdo pactado hay que acudir a su discusión en un cierto grado de igualdad, que en el caso de la Dana pasaría por un cierto equilibrio en la situación financiera del Consell. Aunque el decreto Omnibus-2 autoriza a incrementar la ya colosal deuda de la Generalitat, solo su contraparte en el pacto, el Gobierno, puede ejercer de prestamista, y no debe extrañar que desde La Moncloa se pregunten sobre el sentido de la liturgia de prestar a la Generalitat si el dinero (el que pueda ser a través del FLA) va salir del mismo sitio.
Reconociendo toda la legitimidad, ganada en las urnas y en las votaciones de Les Corts, el president Mazón debería plantearse si en estos momentos puede ser un elemento tóxico para la convivencia entre valencianos y con el resto de los españoles. Por si fuera poco, en su supuesta autodefensa ha insultado en demasía y las acusaciones de actuar con falta de lealtad no son infundadas. Posiblemente el inicio de la fase de reconstrucción sea un buen momento para que se retire dignamente y deje esta fase en otra cabeza que cuente con la imprescindible autoridad moral.
Por si faltara algo mas, señalar que el próximo día 26 el Gobierno ha convocado a las CCAA en el Consejo de Politica Fiscal y Financiera, cuya agenda todavia no ha dado a conocer, pero no debe esperarse ninguna referencia a la Dana, ya que el objetivo es el MCGA (Make Cataluña Great Again), esto es: cumplir con ERC asumiendo una parte de su deuda del FLA, contentar a Puigdemon cambiando los objetivos del déficit y convencer al resto de España de las bondades de una financiación singular para Cataluña que Illa piensa incluir en un nuevo modelo de financiación autonómica.
La respuesta in pectore del Gobierno al pacto propuesto por el general Gan es que la coordinación ya existe: en el Cecopi, en los grupos de trabajo por áreas y por infraestructuras, constituido semanas después de la Dana; en reuniones en las que invita a la Generalitat y en los encuentros directos de Pedro Sánchez con los alcaldes. Por si fuera poco, el presidente Sanchez no estuvo afortunado cuando, pensando en Mazon durante el Congreso del PSPV, fue cruel: “Otros no están en la tragedia (cosa que desgraciadamente todos sabemos) ni durante la reconstrucción (no tiene recursos para estar)”.
No es inteligente dejar al general Gan y su propuesta de pacto en el limbo de la incomprensión. Si no puede haber pacto de Estado, pensemos seriamente en pedir una aplicación del Articulo 155, al menos estaremos en manos de quien si puede tener recursos, el Gobierno del Estado.
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