Caja España preveu que l’atur arribe en 2010 al País Valencià al 24,4% i als 5 milions en tot l’Estat espanyol
Segons l’estudi de Caja España (Anàlisi Regional del Mercat Laboral), en 2010 el País Valencià haurà de suportar una taxa de desocupació del 24,4%, és a dir, 1 de cada 4 valencians en el mercat laboral, estarà “fotut i arrimat al marge”, sense faena i sense esperança d’obtindre-la. Segons el mateix estudi, la xifra de desocupats a l’Estat espanyol arribarà als 5.000.000, amb una taxa percentual per damunt del 21%. L’estudi destaca el País Valencià com una de les comunitats autònomes de l’Estat amb més desocupació en 2010, junt amb Andalusia (que pot arribar al 28,4%), les Illes Canàries (que arribaria al 27,2%), Extremadura (amb un 22,7%) i Múrcia (amb un 23,3%).
162.500 famílies valencianes estan desocupades, de les quals 91.400 no reben cap ingrés. En l’últim any, les famílies valencianes que tenen tots els seus membres en atur, ha augmentat en un 72%. Hui la xifra de l’atur al País Valencià dóna l’esfereidor percentatge del 22,4%.
El paro en España es 10 puntos superior a la media de la OCDE. Economía
JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ VALENCIA - EL MARCANTIL VALENCIANO
La crisis económica agudiza la situación de las familias valencianas. El año 2009 concluyó con un total de 162.500 hogares de la Comunitat Valenciana en los que todos sus trabajadores estaban en paro, lo que supone un incremento del 72,16% respecto a 2008. Por provincias, ese porcentaje incluido en estas listas negras es mayor en Alicante (89,3%) y Castelló (82,36%), mientras que en Valencia fue donde menos creció en la autonomía (56,74%). La gravedad de la recesión, tal como constata el último desglose de la Encuesta de Población Activa (EPA), resulta también alarmante a la vista de las viviendas valencianas sin perceptores de ingresos mediante subsidios o prestaciones contributivas (91.900 familias), es decir una leve disminución —del 2,18%— si lo comparamos con el ejercicio precedente.
El alza del desempleo hasta una tasa del 22,5% —cuatro puntos por encima de la media española— sitúa a la valenciana como una autonomía donde ya existen 643.300 viviendas sin ocupados (están parados o inactivos, es decir sin edad de trabajar). Esa cifra representa un tercio del total de las viviendas (1.919.100) que incluye la Encuesta de Población Activa.
También llama la atención que 388.900 hogares tengan al menos la mitad de sus activos desocupados. Seas como fuere, y a pesar del desastroso resultado ofrecido por estos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), la variación respecto al tercer trimestre de 2009 arroja tímidos descensos, pues podría suponer un cambio de tendencia para los próximos meses. En España ya son 1.220.000 los núcleos familiares donde todos sus miembros engrosas las listas del desempleo, por lo que la Comunitat Valenciana representa el 13,3% del total.
La crisis económica agudiza la situación de las familias valencianas. El año 2009 concluyó con un total de 162.500 hogares de la Comunitat Valenciana en los que todos sus trabajadores estaban en paro, lo que supone un incremento del 72,16% respecto a 2008. Por provincias, ese porcentaje incluido en estas listas negras es mayor en Alicante (89,3%) y Castelló (82,36%), mientras que en Valencia fue donde menos creció en la autonomía (56,74%). La gravedad de la recesión, tal como constata el último desglose de la Encuesta de Población Activa (EPA), resulta también alarmante a la vista de las viviendas valencianas sin perceptores de ingresos mediante subsidios o prestaciones contributivas (91.900 familias), es decir una leve disminución —del 2,18%— si lo comparamos con el ejercicio precedente.
El alza del desempleo hasta una tasa del 22,5% —cuatro puntos por encima de la media española— sitúa a la valenciana como una autonomía donde ya existen 643.300 viviendas sin ocupados (están parados o inactivos, es decir sin edad de trabajar). Esa cifra representa un tercio del total de las viviendas (1.919.100) que incluye la Encuesta de Población Activa.
También llama la atención que 388.900 hogares tengan al menos la mitad de sus activos desocupados. Seas como fuere, y a pesar del desastroso resultado ofrecido por estos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), la variación respecto al tercer trimestre de 2009 arroja tímidos descensos, pues podría suponer un cambio de tendencia para los próximos meses. En España ya son 1.220.000 los núcleos familiares donde todos sus miembros engrosas las listas del desempleo, por lo que la Comunitat Valenciana representa el 13,3% del total.
480.900 sin activos
Por contra, en 2009, el número de hogares en los que todos sus componentes tienen trabajo se redujo un 4,18%, hasta las 1.275.800 familias, 55.700 menos que al cierre del ejercicio anterior. Respecto al tercer trimestre, el recorte es del 0,72%, el equivalente a 9.200 hogares. Según la Encuesta de Población Activa, en la Comunitat Valenciana había a cierre de diciembre 1.438.300 hogares con al menos un miembro activo, el 0,87% más que un año antes. Por contra, unos 480.900 millones de familias no contaban con ninguno de sus componentes en activo, lo que significa un incremento del 1,73% en doce meses. El repunte del desempleo preocupa de lleno a las centrales sindicales mayoritarias, que defienden a capa y espada el mantenimiento de las prestaciones por desempleo, así como las rentas mínimas garantizadas ante el peligro de exclusión social de buena parte de los desemplados.
Lo recordaba recientemente el secretario general de la Unión General de Trabajadores del País Valenciano, Conrado Hernández, al presentar el Documento de prioridades para el año 2010 , donde alude a la necesidad de «garantizarse medidas especiales de protección, adaptando la norma de Renta Garantizada Ciudadanía para que las familias sin ingresos puedan acceder a un mínimo de recursos. Una nueva ley debería resolver de inmediato esa situación».
La crisis económica se ceba sobre todo con los jóvenes (la tasa de paro entre los menor de 35 años se dispara hasta el 40%), con los desempleados de larga duración y con las mujeres, uno colectiva sobre el que la reforma laboral en ciernes quiere prestar especial atención de cara a reducir el impacto de la recesión.




