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28 abril 2008

“El anticatalanismo en Valencia y la soberbia catalana han tenido un coste económico. Se pensaba que ambas actitudes eran variables que sumaban cero al producto interior bruto respectivo, pero no era así. En realidad, restaban. Todos debemos ayudar a desembarazarnos de las tristes herencias de otras generaciones y diseñar futuros más amplios, con generosidad, paciencia e inteligencia” [LA VANGUARDIA]

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per Josep Vicent Boira
El coste del anticatalanismo
El anticatalanismo ha sido un mal negocio para los intereses económicos de los valencianos, como la falta de sensibilidad hacia estos lo ha sido para los catalanes. Y no es preciso hablar en sentido figurado para comprender el sentido de esta frase. El anticatalanismo y el aislacionismo han sido una losa sobre las posibilidades económicas de todo el eje mediterráneo. En realidad, como señala el ex president Pujol, por separado no nos ha ido tan mal, visto desde una perspectiva histórica. Por ello, podemos interpretar que se ha producido un evidente “lucro cesante” para catalanes y valencianos, es decir, una ganancia que se ha dejado de obtener como consecuencia de un hecho infortunado (ilícito, diríamos en términos jurídicos). Hagamos un poco de cálculo ficción. Tomemos el Informe Cechini de 1992 para las, entonces, Comunidades Europeas que cuantificaba el coste de la no cooperación europea. La diferencia entre cooperar y no cooperar a escala europea comportaba, según los datos económicos aportados, un coste económico cifrado entre el 4,25% y el 6% o 7% del PIB. Según Cechini, eliminar barreras aduaneras podía representar aumentar entre un 2,2% y un 2,7% el PIB de los países implicados, mientras que sumarse a economías de escala se cifraba en un aumento del 2,1% y reducir la ineficiencia por la duplicación de servicios y ofertas, aumentando la libre competencia, podía suponer hasta un incremento del 1,6%. En total, la no Europa costaba a los europeos mucho dinero. Veamos.

En el caso de Catalunya y la Comunitat Valenciana, tenemos el hecho incontestable de que ambas son las comunidades autónomas origen y destino principal de sus respectivas exportaciones e importaciones a escala española. Son, pues, sus mejores clientes y sus más dispuestos vendedores. Entre ambas no existen aduanas, pero las mercancías y las personas no se mueven con la facilidad adecuada debido a la inexistencia o la deficiencia de infraestructuras - especialmente ferroviarias- con lo que eso representa en retrasos, ineficacias y coste energético. Primer punto. Segundo: no se aprovechan economías de escala referidas, por ejemplo, a intercambio de experiencias, a innovación tecnológica o a financiación de actividades derivadas de sectores económicos semejantes, ni se han podido diseñar nunca políticas logísticas a escala del eje mediterráneo, incluso como paso para la exportación a Europa, otro interés común. Y tercero: se han promovido, a corta distancia geográfica, ofertas y políticas duplicadas de bienes y servicios derivadas de una desconexión de políticas compartidas (véase el caso de los puertos, por ejemplo). Permítanme llevar el juego un poco más allá. Estimando los costes de la no cooperación entre Valencia y Barcelona en la franja más baja del Informe Cechini (un 4,25% del PIB), estaríamos hablando de un “lucro cesante” anual para la economía catalana de 8.300 millones de euros y para la valenciana de 4.300 millones de euros. Estos datos nos deberían abrir los ojos. Y observar que el cambio de ciclo debe obligar a todos a una realpolitik en Valencia y Barcelona, teniendo en cuenta la presencia de factores externos (financiación autonómica, por ejemplo, o conexión de infraestructuras hacia el corazón de Europa) que se resolverían mejor con alianzas de peso (demográfico y económico) ante Madrid y París.

Los empresarios deben estar atentos a este cambio de tendencia e impulsarlo y los políticos, centrarse en la tarea de desembarazarse, inteligente y pacientemente, de la triste herencia de una geopolítica española de la transición que debe ser superada. Se abren campos de cooperación empresarial, formación de técnicos y profesionales, políticas agrarias, políticas exportadoras, el agua, la posibilidad de influir en el diseño de la política económica del Gobierno central, evitar inversiones en redes de servicio y de comunicación duplicadas, presionar por comunicaciones interesantes para todos… Además, un gobernante inteligente debería saber que las estrategias cooperativas no están reñidas de ninguna manera con el impulso de las políticas propias, del mismo modo que un empresario sabe que una alianza comercial o productiva no sólo no arruina su empresa sino que la refuerza. El anticatalanismo en Valencia y la soberbia catalana han tenido un coste económico. Se pensaba que ambas actitudes eran variables que sumaban cero al producto interior bruto respectivo, pero no era así. En realidad, restaban. Todos debemos ayudar a desembarazarnos de las tristes herencias de otras generaciones y diseñar futuros más amplios, con generosidad, paciencia e inteligencia.

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